El Gobierno de la Concertación ha fracasado en una de sus principales obligaciones: Asegurar a cada uno de los chilenos el derecho a vivir en tranquilidad recibiendo del Estado protección frente a una delincuencia cada vez más extendida y  agresiva.

El 92% de los chilenos considera que la gestión gubernamental en esta crucial materia adolece de graves defectos. La conclusión es una sola: Chile está perdiendo el combate contra el delito.

Derrotar la delincuencia demanda una acción global y coherente que se apoye en tres pilares: Leyes adecuadas, una gestión de gobierno competente y eficaz; y, una actitud firme y resuelta de las autoridades. En el primer pilar, la Alianza por Chile ha efectuado múltiples propuestas para mejorar la legislación, la mayoría de la cuales - hasta ahora- no han sido acogidas. Los dos pilares restantes son de responsabilidad exclusiva del Gobierno y es en su ejecución donde se constatan, por todos los especialistas, las mayores omisiones y falencias en la lucha antidelincuencia.

La Alianza por Chile reitera su voluntad de contribuir al mejoramiento de la legislación, pero insiste en que toda modificación legislativa será letra muerta si tal esfuerzo no va acompañado de un profundo mejoramiento en la competencia y eficacia con la que el gobierno aplica los instrumentos que le proporciona la legislación y un radical cambio de la actitud con la que hasta ahora ha enfrentado este grave problema. El gobierno debe adoptar una acción enérgica, sostenida y ajena a toda conducta contemplativa con la delincuencia.

En el marco del mejoramiento legislativo la Alianza considera indispensable adoptar las siguientes medidas:

1.-       Creación de un Ministerio de Seguridad Publica, lo que es un compromiso oficial de la Presidenta de La República en su Programa de Gobierno, reiterado en las 36 medidas anunciadas  para los primeros 100 días de su mandato.

2.-       Aprobar la norma para impedir que queden en libertad los detenidos por delitos graves, como Robo con Violencia, Tráfico de Droga, Violación, Homicidio, etc.,  hasta que la Corte de Apelaciones resuelva la apelación interpuesta por los Fiscales.

3.-       Aprobar la norma que impide que se otorgue el beneficio de la suspensión condicional del juicio y de la condena a quien haya cometido un delito con anterioridad.

4.-       Establecer la obligación del Estado de proporcionar defensa gratuita a las víctimas de delitos que no pueden procurárselas por si mismas, creando la Defensoría Penal Ciudadana. 

5.-       Aprobar la norma que permite a los Fiscales apelar de la resolución del Juez de Garantía que declara, por razones formales, ilegal la detención de un delincuente, con lo cual queda de inmediato en libertad e impide utilizar las pruebas obtenidas al momento de su captura.

6.-       Otorgar asistencia médica y protección a 112 mil víctimas de delitos graves, aumentando en 4.200 millones de pesos los recursos de la Unidad de Atención de Víctimas de la Fiscalía Nacional o Ministerio Público en la ley de Presupuesto.

En la urgente necesidad de mejorar la gestión y eficiencia de los programas de Gobierno en materia de Seguridad Ciudadana consideramos indispensable adoptar las siguientes medidas:

1.-       Establecer la obligación de informar al Congreso Nacional, cada 4 meses, de los programas de prevención, dirigidos a los niños y adolescentes, relacionados con el consumo de drogas y alcohol; como asimismo del cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, con el objeto de evaluar su aplicación práctica.

2.-       De igual forma informar al Congreso Nacional, en el mismo plazo, de los resultados de los Planes Comunales de Seguridad Ciudadana, Barrio Seguro y Plan Cuadrante, para evaluar su aplicación práctica.

3.-       Adoptar las medidas para garantizar el cumplimiento profesional de las funciones de Gendarmería de Chile y modernizar, dándole la institucionalidad que corresponde, al CONACE y SENAME.

4.-  Aumentar la cobertura, hoy prácticamente inexistente, en los programas de rehabilitación de consumo de drogas, especialmente en los jóvenes.

5.-       Por último informar al Congreso Nacional sobre el funcionamiento de las medidas alternativas al cumplimiento de las penas de cárcel; esto es la libertad vigilada, la reclusión nocturna y libertad condicional, de que actualmente gozan más de 46.000 condenados, respecto de los cuales se desconoce el porcentaje de cumplimento efectivo de estos beneficios y  de reincidencia en nuevos delitos.  

Asimismo dictar una nueva ley que garantice que estas medidas se otorguen a quienes no constituyan un peligro para las personas y la sociedad, participen efectivamente en programas de rehabilitación y, pierdan estos beneficios de inmediato si cometen un nuevo delito.